El portavoz popular, David Pérez, denuncia el «perjuicio económico» derivado de la gestión urbanística y financiera del equipo de gobierno y alerta de un remanente negativo de casi un millón de euros.
ABARÁN — El Partido Popular de Abarán compareció este miércoles en su sede de la calle Doctor Molina para analizar el impacto de la reciente resolución del Tribunal Supremo. La sentencia, adelantada por el medio local «abarándíaadía» y por el diario regional La Verdad, ratifica de forma definitiva la condena al Consistorio abaranero, que deberá indemnizar con cerca de 480.000 euros a una familia afectada por el incumplimiento de un convenio urbanístico que se remonta al año 2006.
El portavoz del grupo municipal popular, David Pérez, cuestionó la estrategia jurídica y política del actual equipo de gobierno, al que acusa de ignorar las advertencias de la oposición y agravar la situación financiera del municipio.
Cronología de un conflicto urbanístico
Según desglosó Pérez, el origen del litigio se sitúa en 2006, año en el que el Ayuntamiento suscribió un convenio por el cual valoraba una parcela familiar en 380.000 euros, comprometiéndose a cambio a realizar una permuta por terrenos municipales en la zona del Acebuche. El portavoz popular subrayó que el actual regidor, Jesús Gómez, ejercía entonces como Primer Teniente de Alcalde.
Tras años de parálisis en el cumplimiento del acuerdo, los propietarios intentaron una vía de negociación en 2019 con el alcalde y el concejal de Urbanismo, Jaime Tornero. Ante la falta de acuerdo, la familia optó por la vía judicial, desencadenando una sucesión de fallos desfavorables para la administración local:
- 2022: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia cifra la indemnización en 388.721 euros.
- Marzo de 2024: El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ratifica el fallo.
- Junio de 2026: El Tribunal Supremo desestima el último recurso del Consistorio, cerrando definitivamente el proceso.
Desde el PP critican que el equipo de gobierno mantuviera los recursos judiciales en lugar de negociar, una decisión que, según la formación, disparará la carga económica para las arcas públicas debido al devengo de intereses y costas procesales.
Cuestionamiento a la gestión de patrimonio y suelo
El Partido Popular sostiene que el Ayuntamiento disponía de alternativas para evitar el desembolso económico, señalando directamente a los terrenos disponibles en el polígono Barranco Molax. En este sentido, Pérez calificó de «perjudicial» la gestión de la subasta de parcelas celebrada en julio de 2025.
El portavoz explicó que dos terrenos fueron adjudicados inicialmente por cerca de 975.000 euros; sin embargo, tras la retirada de las ofertas ganadoras, el Consistorio aceptó las segundas pujas por un valor sensiblemente inferior (unos 364.000 euros). Para los populares, este suelo podría haber sido utilizado para resolver la permuta pendiente con la familia demandante.
Alarma por la situación financiera y proyectos paralizados
La comparecencia sirvió también para trazar un balance muy crítico de la situación macroeconómica del Ayuntamiento. David Pérez vinculó la indemnización del «caso urbanístico» con un escenario de «delicada gestión», recordando que el remanente de tesorería de 2024 presenta un saldo negativo cercano al millón de euros.
Asimismo, el PP sumó a la lista de contratiempos económicos los siguientes asuntos:
- Otras obligaciones urbanísticas: Una indemnización superior a los 600.000 euros por otro convenio incumplido de la misma época.
- Pérdida de subvenciones: Los costes derivados de la devolución de la ayuda del programa PIREP para la rehabilitación del edificio del Ayuntamiento.
- Retrasos en infraestructuras: La paralización de las obras del Estadio de Las Colonias, cuyos plazos amenazan, según el PP, el inicio de la próxima temporada deportiva.
- Deficiencias técnicas: El estado de las recientes remodelaciones en las avenidas de Cieza y Blanca, donde exigen revisiones técnicas inmediatas por motivos de seguridad.
Por último, los populares lamentaron el «apagón administrativo» al no haberse presentado aún la liquidación presupuestaria de 2025 ni el proyecto de presupuestos municipales para el presente ejercicio de 2026.
Exigencia de transparencia y explicaciones públicas
El Partido Popular concluyó la comparecencia exigiendo la comparecencia pública inmediata del alcalde, Jesús Gómez, y del edil de Urbanismo, Jaime Tornero.
«Los vecinos de Abarán tienen el derecho legítimo a conocer las causas que han llevado a estas sentencias desfavorables, a la pérdida de subvenciones y a la parálisis de los proyectos clave para el municipio», zanjó Pérez, reclamando una asunción firme de responsabilidades políticas.
