Después de que en las semanas pasadas, el partido popular y VOX ofrecieran sendas ruedas de prensa ante los medios de comunicación, el equipo de gobierno a esperado a la celebración del Pleno para contestar a esas críticas.
En primer lugar, el concejal de Urbanismo, Jaime Tornero, sacó a la luz un escrito de registro fechado el 23 de junio de 2008. Según Tornero, este documento, presentado por la familia afectada junto a su abogado tras expirar el plazo del convenio, demuestra que los propietarios ofrecieron una salida amistosa que habría evitado el desastre financiero actual: rescindir el pacto, devolverles su parcela y desmontar los juegos infantiles instalados en ella de mutuo acuerdo.
«Este documento es demoledor porque ha estado escondido en un cajón. La familia pedía en 2008 resolver el convenio y que se les devolviera el terreno. El PP gobernó durante los 11 años siguientes y no hizo absolutamente nada; si hubieran aceptado esa propuesta, hoy no estaríamos ante una condena de medio millón de euros que supone la puntilla para las arcas municipales».
Jaime Tornero defendió que, al asumir el cargo el actual equipo de gobierno en junio de 2019, la situación ya era irreversible. Apenas ocho días después de la investidura, los propietarios registraron una reclamación de responsabilidad patrimonial exigiendo directamente la indemnización económica ante el prolongado incumplimiento. «Lo que hemos hecho desde entonces ha sido luchar en los tribunales porque considerábamos una aberración pagar esa cuantía por un suelo clasificado como espacio libre».
Por su parte, el alcalde, Jesús Gómez Montiel, defendió que en 2006 se buscaba dotar de un espacio público digno a los vecinos de los Pisos de Carmelo. «Era un convenio lícito, necesario y avalado por los técnicos municipales para restituir a una familia a la que se le había clasificado su parcela como zona verde. El problema es que el PP se desentendió del asunto durante 11 años de mandatos consecutivos».
El alcalde negó de forma tajante que la familia estuviera dispuesta a negociar una rebaja de la cuantía al inicio de la legislatura y fijó un encuentro definitivo en febrero de 2020: «En esa reunión se constató que la postura de los propietarios era inflexible; ya habían iniciado la vía de la reclamación patrimonial y solo aceptaban el pago íntegro. El margen que nos dejaron era ínfimo y nuestra obligación era agotar la defensa jurídica de los fondos públicos».
