El portavoz popular, David Pérez, critica la estrategia judicial del equipo de Gobierno en el caso de los ‘Pisos de Carmelo’ y pide explicaciones añadidas sobre la devolución de 1,2 millones de la subvención del PIREP.
ABARÁN / Redacción El Partido Popular de Abarán compareció este jueves por la tarde en su sede de la calle Doctor Molina con el objetivo de fijar su postura oficial tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo judicial confirma la condena al Ayuntamiento de Abarán a indemnizar con 388.971 euros —más los intereses acumulados durante casi dos décadas— a los propietarios de los terrenos ubicados en la conocida zona de los Pisos de Carmelo.
El portavoz del grupo municipal popular, David Pérez, fue el encargado de atender a los medios de comunicación. Durante su intervención, Pérez afeó al equipo de Gobierno local haber tardado dos semanas en comparecer públicamente para dar respuesta a las dudas planteadas por su formación, tildando de «insuficientes» las argumentaciones expuestas hasta la fecha por el alcalde y el concejal de Urbanismo. A juicio del portavoz, la ciudadanía abaranera demanda «explicaciones, responsabilidad y transparencia» en lugar de un cruce de reproches entre partidos.
Cuestionamiento al convenio de 2006 y la gestión de recursos
El origen del conflicto, según detalló Pérez, se remonta al año 2006, momento en que el entonces Gobierno municipal socialista optó por firmar un convenio de permuta con la familia propietaria. Mediante dicho acuerdo, se sustituyó la compensación económica directa por parcelas en la zona de El Acebuche; unos terrenos que, tal y como remarcó el portavoz, no han llegado a desarrollarse urbanísticamente ni entonces ni en la actualidad. Desde el PP se sostiene que las arcas municipales disponían en aquella época de recursos suficientes, procedentes de diversas operaciones urbanísticas y otros ingresos, para haber liquidado la indemnización de forma directa sin necesidad de recurrir a la permuta.
Asimismo, Pérez aseguró que toda la documentación e información desgranada por el Partido Popular ha sido debidamente contrastada y cuenta con el respaldo de la familia afectada. En este sentido, contradijo la versión del regidor al afirmar que los propietarios mantuvieron dos reuniones con el alcalde y el concejal de Urbanismo tras registrar, en el año 2019, la reclamación por responsabilidad patrimonial.
Críticas a la estrategia judicial y el aumento de costes
El portavoz popular también calificó de incompleto el cronograma de hechos presentado por el Gobierno local, argumentando que se omiten hitos de relevancia que pueden inducir a error a los vecinos. Defendió, además, que los ejecutivos posteriores del Partido Popular tuvieron que gestionar una herencia económica compleja ligada a las obligaciones contraídas en la etapa socialista.
Respecto al itinerario judicial seguido por el actual equipo de Gobierno, el PP cuestionó la decisión de agotar todas las instancias posibles —pasando por el Juzgado, el Tribunal Superior de Justicia y, finalmente, el Tribunal Supremo— ante lo que consideraban un incumplimiento de convenio «evidente». Para la formación de la oposición, esta persistencia legal únicamente ha servido para encarecer el coste final para los fondos públicos debido a la suma de las costas procesales y los intereses de demora generados.
Pérez reveló también que, tras notificarse el fallo del Supremo, el concejal de Urbanismo intentó restablecer el contacto con los afectados para negociar una salida, interrogándose sobre los motivos por los cuales dicho acercamiento no se promovió de forma previa al término del proceso judicial.
Petición de explicaciones sobre el programa PIREP
En el tramo final de la rueda de prensa, el portavoz del PP amplió el foco de la gestión económica para exigir claridad en torno a otro asunto: la devolución de los fondos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), una subvención que ascendía a 1,2 millones de euros.
David Pérez solicitó formalmente al Ayuntamiento que concrete el gasto real que ha supuesto este proyecto frustrado para el municipio, las razones que han motivado la petición de un aplazamiento para reintegrar el dinero y la cuantía exacta de los intereses que el Consistorio tendrá que asumir, tanto por la devolución de la ayuda como por el tiempo en que el proyecto permaneció paralizado.
La comparecencia concluyó con un balance muy severo por parte de Pérez sobre los últimos siete años de gestión del Gobierno municipal, al que acusó formalmente de conducir al Ayuntamiento a una situación de «ruina financiera», reiterando la necesidad urgente de una fiscalización transparente de los recursos del municipio.
