Los socialistas afirman que la iniciativa «ampara» el copago y denuncian el «atraco» del PP por presentarla fuera del orden del día
La Asamblea Regional de Murcia ha convalidado el Decreto Ley 1/2026, de 7 de mayo, una norma impulsada por el Gobierno regional para regular el nuevo grado ‘3 plus’ de dependencia extrema orientado a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras patologías complejas e irreversibles.
La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de las bancadas del PP, Vox y el Grupo Mixto, frente a la abstención del Grupo Socialista, en el marco de un debate parlamentario marcado por la crispación y los reproches cruzados entre los grupos tras presentar los ‘populares’ la iniciativa fuera del orden del día.
Durante la presentación del texto tras la aprobación de la urgencia de su debate, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Concepción Ruiz Caballero, ha explicado que el decreto ley permite ampliar el intervalo de la ayuda a domicilio hasta un máximo de 720 horas al mes, garantizando un mínimo de 240 horas mensuales (8 horas diarias).
Según ha expuesto, el objetivo es ofrecer una respuesta «ágil y decidida» que asegure una supervisión y atención domiciliaria continua de hasta 24 horas para los pacientes que lo requieran.
En el plano económico, la norma fija que tanto la cuantía máxima de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio, como la de asistencia personal asciendan a 9.859 euros mensuales, e introduce además la compatibilidad de la ayuda para el entorno familiar con estas herramientas.
La consejera, que ha puesto en valor el esfuerzo inversor complementario del Ejecutivo autonómico con la concesión reciente de 1.100.000 euros en subvenciones a la Asociación ELA Región de Murcia, ha advertido durante el Pleno de que, si no se convalidaba el decreto, «no va a resultar legalmente posible conceder las prestaciones».
«Ni las personas enfermas de ELA, ni quienes están en cualquier otra situación de dependencia extrema, ni el resto de los ciudadanos entenderían que este decreto no se convalidara. Quienes voten contra este decreto ley deberán asumir su responsabilidad», ha aseverado Ruiz, que ha apelado al consenso que esta materia obtuvo en las Cortes Generales.
Durante su turno de intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha anunciado la abstención de su formación, tras calificar la tramitación de la norma fuera del orden del día como un «atraco» parlamentario por parte del Grupo Popular.
A su juicio, el Ejecutivo regional utiliza estas formas «para eludir su responsabilidad e incapacidad de presentar unos presupuestos» y para trasladar su «falta de gobierno» a la oposición. Fernández ha centrado sus críticas en que el texto «oculta» y «ampara» el copago para las prestaciones de dependencia extrema al no excluirlo expresamente en la reforma.
«Lo último que necesita un enfermo de ELA en fase terminal es que ustedes le carguen con más gastos porque lo que tienen es una desgracia absoluta. Es indecente que utilicen esa desgracia», ha recriminado la diputada socialista.
Asimismo, Fernández ha criticado la «incapacidad» del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, presente en la sesión plenaria, al que ha exigido además que «dé la cara» ante problemáticas como el calor en las aulas de los centros educativos públicos o la gestión del Servicio Murciano de Salud (SMS).
Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos-IU-AV, María Marín, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo al afirmar que en la Cámara «la democracia brilla por su ausencia». A su parecer, el PP incurre en un comportamiento «absolutamente despótico y caciquil» con el objetivo de convertir el Parlamento autonómico en «una suerte de brazo armado de San Esteban».
No obstante, Marín ha anunciado el voto a favor de su grupo a la convalidación para evitar que las asociaciones y los enfermos paguen las consecuencias. «No vamos a contribuir a que sean las asociaciones, y mucho menos los pacientes de ELA, quienes paguen el pato de la negligencia, de la falta de buena gobernanza y de la soberbia de un falso emperador», ha manifestado.
Asimismo, la parlamentaria ha lamentado que no se les haya dado la oportunidad de realizar aportaciones.
Por parte de Vox, la diputada María José Ruiz ha defendido que «los derechos sin financiación son papel mojado» y ha insistido en que, ante la falta de recursos del Gobierno de España para la Ley ELA nacional, deben ser las comunidades autónomas las que asuman su responsabilidad económica.
El diputado del grupo Mixto José Ángel Antelo ha tildado el decreto ley de «bueno» al considerar que elimina burocracia, al tiempo que ha reprochado la «poca credibilidad y falta de previsión» de la oposición por las contradicciones de voto respecto a la Junta de Portavoces.
